La presente información es publicada con intenciones académicas para el conocimiento, análisis y estudio de su contenido. Esta iniciativa no ha entrado en vigencia (Marzo, 2021).

Fuente original: Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común y que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para cuyo efecto, el sector público debe incrementar los niveles de vigilancia que permita en primera instancia generar medidas anticipatorias y preventivas para la preservación de la integridad pública y reducir las oportunidades de actos de corrupción que socavan la institucionalidad del Estado.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala ratificó la Convención Internacional Contra la Corrupción asumiendo el compromiso de garantizar la existencia de órganos encargados de prevenir la corrupción, así como también ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción, por virtud de la cual, se comprometió a establecer órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas a través de medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, implementando suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala debe extrapolar al sector público la figura del Oficial de Cumplimiento existente en el ámbito financiero nacional, la cual ha dado buenos resultados, adecuándola al sistema estatal, a efecto de prevenir con agilidad delitos de corrupción, así como evitar la opacidad en las actividades relacionadas con los bienes y el erario público inmerso dentro del patrimonio nacional, para lo cual dicho funcionario de vigilancia debe contar un sistema de Alerta Temprana u Oportuna Anticorrupción con atribuciones que le permitan ostentar una alta jerarquía institucional y el goce de condiciones que le permitan hacer su labor sin interferencias de ningún tipo.

CONSIDERANDO

Que la creación del Oficial de Cumplimiento para el sector público debe constituirse en un apoyo a las competencias tutelares, fiscalizadoras y contraloras de los órganos especializados de la administración pública tales como la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, como lo ha sido el Oficial de Cumplimiento financiero respecto de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala, la Junta Monetaria e incluso las Fiscalías Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Contra la Corrupción que se sirven de la importante información que genera dicho Oficial.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:

“LEY DELOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO”

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Creación. Se crea el Oficial de Cumplimiento para el sector público con el objeto de velar por la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en las Instituciones del Estado.

Artículo 2. Definición. El Oficial de Cumplimiento es el encargado de ejercer la vigilancia temprana, oportuna y preventiva en las instituciones del sector público para el correcto desempeño en materia de transparencia, probidad y anticorrupción, de acuerdo con las funciones y disposiciones previstas en la presente ley y lo que para el efecto establecen las leyes específicas atingentes a la responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos.

Artículo 3. Naturaleza jurídica. El Oficial de Cumplimiento para el sector público es un cargo público que gozará de autonomía de funciones e independencia operativa, al que le son aplicables todos los derechos y obligaciones laborales establecidas en las leyes de la república y en las disposiciones específicas de la presente ley, cuya actuación es previa y fundante de la cultura de denuncia en materia de integridad pública.

Artículo 4.  Principios rectores de actuación. Además de los principios generales del Derecho y los que devienen de una cultura de cumplimiento normativo para el sector público, así como los dimanantes de los principios generales de contabilidad, cuando procediere, el Oficial de Cumplimiento regirá su actuación conforme los siguientes principios rectores:

  1. Legalidad;
  2. Integridad pública;
  3. Probidad;
  4. Transparencia;
  5. Objetividad;
  6. Confidencialidad;
  7. Autonomía funcional;
  8. Independencia operativa;
  9. Celeridad;
  10. Oportunidad; y,
  11. Prevención.

CAPÍTULO II

ESTATUTO DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA EL SECTOR PÚBLICO

Artículo 5. Requisitos para optar al cargo. Para optar al cargo de Oficial de Cumplimiento se requiere:

  1. Ser guatemalteco;
  2. Ser de reconocida honorabilidad;
  3. Poseer título de Abogado, Economista, Contador Público y Auditor con especialización de postgrado en administración pública, políticas públicas o gobernanza pública;
  4. Contar con más de 5 años de experiencia en el sector público;
  5. No haber sido condenado en juicio de cuentas ni por corrupción;
  6. No ser pariente dentro de los grados de ley de los Presidentes de los Organismos del Estado, ni de los Jefes de los órganos de control del Estado así como tampoco de los funcionarios y empleados públicos de la institución en la que hubiere de fungir;
  7. Para ser confirmado en el cargo, deberá aprobar satisfactoriamente el curso especializado para Oficiales de Cumplimiento del Instituto Nacional de Administración Pública.

Artículo 6. Prohibiciones. Al Oficial de Cumplimento le está prohibido:

  1. Revelar información que obtenga en el ejercicio de su cargo;
  2. Recibir regalos o dádivas; y,
  3. Participar a cargos de elección popular.

Artículo 7. Compatibilidades. Son compatibles con el cargo de Oficial de Cumplimiento las siguientes actividades:

  1. Ejercer la docencia y desempeñar cargos administrativos en instituciones educativas siempre que exista compatibilidad de horarios;
  • Participar en toda clase de eventos académicos relacionados a la materia de su cargo; y,
  • Asociarse en gremios académicos y entidades con fines benéficos.

Artículo 8. Período de prueba. Estará sujeto a un período de prueba de tres meses mediante una evaluación mensual del desempeño. Para ser confirmado en el cargo además deberá, dentro de los tres meses, aprobar satisfactoriamente el curso especializado para Oficiales de Cumplimiento del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-. La resolución administrativa de confirmación en el cargo de parte del superior jerárquico deberá ser fundada.

Artículo 9. Comisión temporal de selección. Se crea la Comisión Temporal de Selección de Oficiales de Cumplimiento con el objeto de seleccionar a los candidatos elegibles al cargo, la cual se reunirá una vez al año durante un mes y estará integrada por:

  1. Un Diputado miembro de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República, quien la presidirá;
  2. El Secretario O Secretaria de la Secretaria de Planificación de la Presidencia, quien fungirá como Secretario Técnico;
  3. El Secretario de Política Criminal designado por el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público;
  4. El Sub Contralor de Probidad, designado por el Contralor General de Cuentas de la Nación;
  5. Un representante nombrado por el Procurador General de la Nación;
  6. El Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública.

Artículo 10. Desempeño y selección. La Comisión desempeñará su mandato en forma ad honorem y podrá reunirse en las instalaciones que acuerde cuya convocatoria se realizará por conducto del El Secretario O Secretaria de la Secretaria de Planificación de la Presidencia. La Comisión seleccionará a los candidatos elegibles por unanimidad en función de la nota más alta obtenida durante el proceso de selección y, en su defecto, por mayoría calificada de cuatro votos.

Artículo 11. Tabla de gradación. La Comisión deberá elaborar una tabla de gradación para calificar el perfil de cada aspirante la cual será aprobada por unanimidad y al final de cada proceso deberá

hacer una evaluación para acordar las reformas de procedimiento que fueren necesarias para el mejor desempeño de su trabajo.

Artículo 12. Competencias diferenciadas. La Secretaría Técnica con el apoyo del INAP, elevará a la Comisión para su aprobación, un estudio técnico que contenga los requisitos técnicos de los aspirantes para que sean ponderables por materia de gobernanza dentro de la tabla de gradación, atendiendo al mandato legal y competencias específicas y diferenciadas que requiera cada órgano del sector público por su naturaleza 

Artículo 13. Informes. Todas las entidades públicas y privadas, así como personas individuales quedan obligadas a rendir los informes de los aspirantes que requiera la Comisión con arreglo a las leyes de la república.

Artículo 14. Fallo inapelable. Los fallos de selectividad de la Comisión serán inapelables y únicamente sujetos a revisión de la calificación por el plazo de treinta días para el aspirante. De no resultar elegible, el aspirante podrá participar en sucesivas convocatorias. La Comisión en cualquier tiempo podrá enmendar el procedimiento de selección por errores administrativos o circunstancias sobrevenidas que lo hagan aconsejable o necesario.

Artículo 15. Elección. Corresponde a las distintas instituciones del Estado elegir, nombrar, evaluar y dar posesión del cargo a los Oficiales de Cumplimiento conforme la lista de candidatos elegibles remitida por la Comisión. En este proceso no se atenderán más criterios que la idoneidad, capacidad y honradez, así como las necesidades y competencias específicas del servicio de la Institución correspondiente las cuales se adviertan en las capacidades y habilidades del candidato elegible. La elección será motivada por la autoridad correspondiente dejando constancia escrita. El elegido podrá renunciar al proceso, en cuyo caso la autoridad elegirá en su orden, al siguiente mejor calificado de la lista de candidatos que le hubiere sido remitida. 

CAPÍTULO III

FUNCIONES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Artículo16. Funciones. El Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones:

  1. Implementar y desarrollar los programas de cumplimiento normativo para la gestión de riesgos y prevención del delito, basados en Normas Técnicas, estándares internacionales y el acatamiento de normas jurídicas;
  • Desarrollar, mantener y actualizar los sistemas de alerta temprana u  oportuna en materia de prevención de corrupción, definiendo los controles y protocolos de actuación respectivos;
  • Identificar, detectar y analizar los patrones de actos que revelen sospecha de corrupción dentro de la Institución;
  • Elaborar los Reportes de Actos Sospechosos de Corrupción –RASC- para remitirlos a donde corresponda, así como los informes de no detección de operaciones sospechosas;
  • Desarrollar la base de datos de mejores prácticas institucionales de acuerdo con la experiencia laboral y el conocimiento académico que permitan erradicar la opacidad, mejorar la probidad y fortalecer la transparencia;
  • Participar en las capacitaciones relativas al giro de sus funciones para el personal de la Institución desde la perspectiva de formación preventiva; 
  • Rendir información estadística a través de la Oficina de Acceso a la Información en la forma prevista en esta Ley;
  • Mantener una estrecha coordinación con las instituciones de control gubernamental y persecutoras del Estado conforme lo dispone la presente Ley;
  1. Velar por la autonomía e independencia operativa de su cargo frente a la Institución y frente a terceros;
  • Otras que le señalen las leyes en materia de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de la probidad y la trasparencia;

Artículo17. Sistema de alerta temprana u oportuna. El Oficial de Cumplimiento será el responsable de implementar, mantener y actualizar los sistemas de gestión, sistemas de prevención de riesgos y sistemas de prevención de delitos asociados a la corrupción y el soborno conforme Normas Técnicas, estándares internacionales y normas jurídicas que los contemplen, así como aquellas situaciones que pudieran poner en peligro la reputación, el erario, patrimonio y recursos públicos de la Institución. A tal efecto, desarrollará sistemas actualizados e informatizados de Alerta Temprana u Oportuna para que los empleados públicos y la ciudadanía puedan contribuir a la detección de malas prácticas que constituyan una infracción administrativa o delito. De esta actividad, el Oficial de Cumplimiento dará aviso al superior jerárquico de la institución.

Artículo 18. Reportes de Actos Sospechosos de Corrupción –RASC-. Todas aquellas actividades sospechosas de corrupción, así como de atentar contra la integridad pública, la probidad y la transparencia de la Institución serán reportadas por el Oficial de Cumplimiento, mediante un formato de Reporte de Acto Sospechoso de Corrupción. El formato deberá incluir todos los datos que identifiquen la incidencia así como el análisis del Oficial. El Reporte no sustituye a la denuncia y por lo tanto constituye un elemento indiciario para la investigación administrativa o penal que corresponda a los órganos de control respectivos.

Artículo 19. Mejores prácticas. Todas aquellas situaciones resultantes de los procesos, protocolos y procedimientos que implemente el Oficial de Cumplimiento deberán traducirse a la creación de un  banco de buenas prácticas que dicho funcionario deberá gestionar y poner en conocimiento en forma semestral al superior jerárquico de la Institución, así como a la Contraloría General de Cuentas, al Ministerio Público y a la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República para que dichos órganos, en el marco de su autonomía e independencia consideren modernizar los procesos en forma reglamentaria o legislativa, según corresponda.

Artículo 20. Informe mensual de no detección de actos sospechosos. El Oficial de Cumplimiento, bajo su estricta responsabilidad, deberá reportar en forma mensual la no detección de actos sospechosos de corrupción, tanto al superior jerárquico como a las entidades a las que se refiere  el artículo 22 de esta Ley.

Artículo 21. Publicidad y acceso a la información. El Oficial de Cumplimiento solo estará obligado a canalizar información estadística relativa al número de reportes a través de la respectiva Oficina de Acceso a la Información Pública institucional así como a las instituciones de fiscalización del Estado. Sin embargo, los órganos mencionados en el artículo 21 de la presente ley, podrán mantener comunicación constante con dicho funcionario así como pedir aclaraciones  o ampliaciones de la información contenida en los reportes.   

CAPÍTULO IV

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL

Artículo 22. Coordinación. El Oficial de Cumplimiento remitirá los reportes a que se refriere el artículo anterior, según corresponda, a la Contraloría General de Cuentas o al Ministerio Público a fin que dichas Instituciones analicen los casos desde su mandato institucional para entablar las acciones conforme la ley. A las cuarenta y ocho horas de presentado el reporte, el Oficial de Cumplimiento deberá informar al superior jerárquico sobre el contenido del reporte para los efectos legales y administrativo correspondientes.

Artículo 23. Obligación de colaborar. Todas las instituciones del Estado y personas jurídicas e individuales están obligadas a prestar su colaboración al Oficial de Cumplimiento con el objetivo de suministrar elementos de juicio para el análisis que deba verter dicho funcionario en los Reportes de Actos Sospechosos de Corrupción.

Es prohibida la revelación de estas solicitudes so pena de incurrir en responsabilidad penal. Las entidades y personas mencionadas deberán atender las solicitudes dentro del improrrogable plazo de setenta y dos horas.

El Registro de Adquisiciones del Estado –RGAE- del Ministerio de Finanzas Públicas deberá enviar, de oficio, un informe mensual a los Oficiales de Cumplimiento de todas aquellas personas individuales y jurídicas que registren su actividad.  

Artículo 24. Independencia. El Oficial de Cumplimiento gozará de autonomía de funciones e independencia operativa en el ejercicio de su cargo. Queda prohibido al superior jerárquico y cualquier otro funcionario, intervenir en sus funciones así como obstaculizar su desempeño laboral. La Institución queda obligada a suministrar todos los insumos necesarios para el correcto desempeño de sus funciones. La Institución está obligada a garantizar la confidencialidad de los registros informáticos que sirvan para la puesta en marcha de los programas que desarrolle e implemente el Oficial de Cumplimiento. La inobservancia de esta disposición dará lugar a responsabilidades penales.

Artículo 25. Exenciones. El Oficial de Cumplimiento está exento de prestar testimonio ministerial o judicial en casos concretos, quedando sujeto al marco de sus funciones y a las aclaraciones y ampliaciones a las que se refiere el artículo 21 de esta Ley.

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