Guatemala atendiendo a instrumentos internacionales como la Convención Internacional Contra la Corrupción y la Convención Interamericana Contra la Corrupción, así como estándares internacionales para asumir el compromiso de prevenir la corrupción. Este mes fueron presentadas a través de la presidencia de la Comisión de Transparencia y Probidad del Congreso de la República de Guatemala dos iniciativas de ley:

  1. Ley de oficiales de cumplimiento para el sector público.

2. Ley de cultura de cumplimiento normativo y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales en el sector publico.

Estas iniciativas representan avances significativos en materia de transparencia y compliance en el sector público. A continuación encontramos aspectos generales que buscar regular cada una.

Ley de oficiales de cumplimiento para el sector público:

La iniciativa establece que «el Oficial de Cumplimiento es el encargado de ejercer la vigilancia temprana, oportuna y preventiva en las instituciones del sector público para el correcto desempeño en materia de transparencia, probidad y anticorrupción, de acuerdo con las funciones y disposiciones previstas en la presente ley y lo que para el efecto establecen las leyes específicas atingentes a la responsabilidad de los empleados y funcionarios públicos.»

«El Oficial de Cumplimiento para el sector público es un cargo público que gozará de autonomía de funciones e independencia operativa, al que le son aplicables todos los derechos y obligaciones laborales establecidas en las leyes de la república y en las disposiciones específicas».

Busca crear la Comisión Temporal de Selección de Oficiales de Cumplimiento con el objeto de seleccionar a los candidatos elegibles al cargo.

«El Oficial de Cumplimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Implementar y desarrollar los programas de cumplimiento normativo para la gestión de riesgos y prevención del delito, basados en Normas Técnicas, estándares internacionales y el acatamiento de normas jurídicas;
b) Desarrollar, mantener y actualizar los sistemas de alerta temprana u oportuna en materia de prevención de corrupción, definiendo los controles y protocolos de actuación respectivos;
c) Identificar, detectar y analizar los patrones de actos que revelen sospecha de corrupción dentro de la Institución;
d) Elaborar los Reportes de Actos Sospechosos de Corrupción –RASC- para remitirlos a donde corresponda, así como los informes de no detección de operaciones sospechosas;
e) Desarrollar la base de datos de mejores prácticas institucionales de acuerdo con la experiencia laboral y el conocimiento académico que permitan erradicar la opacidad, mejorar la probidad y fortalecer la transparencia;
f) Participar en las capacitaciones relativas al giro de sus funciones para el personal de la Institución desde la perspectiva de formación preventiva;
g) Rendir información estadística a través de la Oficina de Acceso a la
Información
en la forma prevista en esta Ley;
h) Mantener una estrecha coordinación con las instituciones de control gubernamental y persecutoras del Estado conforme lo dispone la Ley;
i) Velar por la autonomía e independencia operativa de su cargo frente a la Institución y frente a terceros;
j) Otras que le señalen las leyes en materia de lucha contra la corrupción, de fortalecimiento de la probidad y la trasparencia.«

Ley de cultura de cumplimiento normativo y parámetros de uso de normas técnicas y estándares internacionales en el sector publico.

La iniciativa establece que su objetivo es consolidar una cultura de cumplimiento normativo de los servidores públicos basada en la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.

Estableciendo como sujetos vinculados los siguientes: Sector público, servidores públicos, usuarios (habitantes), entidades prestadoras del servicio de certificación y cooperantes nacionales e internacionales.

Establece una definición legal del compliance, regulándolo como «el cumplimiento normativo constituye la respuesta a las necesidades de probidad, integridad pública y transparencia de la gestión administrativa, encaminada a cumplir con las expectativas legales previstas en las normas jurídicas en general y en las atingentes al sector público en particular. Por virtud del cumplimiento normativo se asegura el acatamiento del régimen de legalidad y se previene toda conducta ilícita en la que pudieren incurrir los servidores públicos. Se concreta a través de los sistemas de gestión que proceden de Normas Técnicas y Estándares Internacionales cuya finalidad última es la prevención, detección y sanción del incumplimiento a las leyes de la república para la preservación de la integridad pública, la transparencia y el combate a la corrupción.»

En materia penal también establece la definición de compliance penal, «es la concesión de una ventaja en la punición, como premio a aquellos servidores públicos que dentro del ejercicio de la función pública, no obstante la comprobada intención de prevenir y externar una diligencia debida en el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad y de riesgos provenientes de Normas Técnicas o Estándares Internacionales adoptados en la Institución a la que sirvan, hubieren incurrido en un delito respecto del cual se les aplica la atenuación de la responsabilidad penal.»

«Como parte del Derecho Penal Premial, habrá de atenuarse la responsabilidad penal en que incurran aquellos servidores públicos cuyas conductas demuestren el deber preventivo y anticipatorio de haber implementado sistemas de cumplimento debidamente actualizados conforme las Normas Técnicas y Estándares Internacionales y que el delito se produjo a pesar del empeño y compromiso con la integridad pública.»

Reformando el Código Penal en el sentido de incorporar como atenuante cuando exista una debida diligencia y observancia de los sistemas de gestión de cumplimiento normativo encaminados a prevenir la corrupción y delitos conexos.

También busca reformar artículos de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, Ley Orgánica de la Controlaría General de Cuentas, Ley de Tribunal de Cuentas, Ley de la Actividad Aseguradora y la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos.

Estas iniciativas deben cumplir con el proceso legislativo en el Congreso de la República, su análisis y discusión representan avances significativos en materia de transparencia y compliance.

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