La presente información es publicada con intenciones académicas para el conocimiento, análisis y estudio de su contenido. Esta iniciativa no ha entrado en vigencia (Marzo, 2021).

Fuente original: Congreso de la República de Guatemala

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común y que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para cuyo efecto, los Organismos del Estado a través de sus órganos correspondientes, han de encargarse de prestar servicios públicos, emitir políticas públicas y ejecutar disposiciones de ley en forma adecuada, pertinente y ágil.

CONSIDERANDO

Que la cultura de cumplimiento normativo viene determinada por el conjunto de disposiciones constitucionales tales como el deber y derecho cívico de las personas a cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, obedecer las leyes y guardar el debido respeto a las autoridades; siendo el Presidente de la República en su calidad de primer servidor de la nación el principal encargado de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, lo que se complementa con la condición de depositarios de la autoridad de los funcionarios públicos, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

CONSIDERANDO

Que el Estado de Guatemala debe fijar los parámetros estratégicos para que las Normas Técnicas y Estándares Internacionales se adopten en las instituciones del sector público como parte de una cultura de calidad y respeto a las normas jurídicas, para precisamente cumplir con el régimen de legalidad administrativo, civil y penal que genera la responsabilidad de los servidores públicos, a fin de preservar la integridad pública, la calidad de la gestión administrativa, la probidad y alentar la prevención de la corrupción, desarrollando con ello una cultura de cumplimiento normativo compatible con el Estado de Derecho.

CONSIDERANDO:

Que a pesar de la obligación legal impuesta a las instituciones del Estado para dar prioridad a las empresas certificadas por organismos acreditados cuando adquieran bienes o servicios para el desarrollo de sus actividades, no existe una ley que disponga los parámetros para que las instituciones del sector público certifiquen la calidad de supropia gestión pública de acuerdo con Normas Técnicas y Estándares Internacionales aplicables a organizaciones en general, así como aquellas que son específicas para la gobernanza y prevención de riesgos y delitos que se han venido produciendo en el proceso de normalización internacional o que pudieran surgir de Normas Técnicas Guatemaltecas.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala.

DECRETA:

La siguiente:

LEY DE CULTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y PARAMETROS DE USO DE NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.Objeto.La presente Ley tiene por objeto regular los parámetros del uso de Normas Técnicas y Estándares Internacionales que se adoptan en el sector público, a fin de consolidar una cultura de cumplimiento normativo de los servidores públicos basada en la integridad pública, la probidad, la confianza institucional, la certeza jurídica, la prevención de la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia.

Artículo 2. Sujetos. Son sujetos vinculados por virtud de la presente Ley, los siguientes:

  • Sector público: Se compone de los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como de todas las instituciones y empresas del Estado bien sean centralizadas, descentralizadas y autónomas, así como sus servidores públicos y el producto de las alianzas público privadas que generan un rendimiento para el Estado de conformidad con la ley.
  • Servidores públicos: Son todas aquellas personas investidas de funciones públicas permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas que intervienen en el objeto o razón de ser de una entidad pública tales como: Los dignatarios, autoridades, funcionarios y empleados públicos que por elección popular nombramiento, contrato o cualquier otro vinculo presten sus servicios en el estado, sus organismos, los municipios, sus empresas, y entidades descentralizadas y autónomas; incluidos los servidores cívicos al amparo de su régimen legal específico y demás sujetos que en el futuro determinen las leyes de servicio civil y de probidad y transparencia.
  • Usuarios: Los habitantes que en lo individual o asociados colectivamente bajo las formas establecidas en la ley, son destinatarios o beneficiarios de los servicios públicos que provienen del sector público. 
  • Entidades prestadoras del servicio de certificación: Son las empresas acreditadas nacional o internacionalmente para prestar el servicio de implementación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales, así como para impartir capacitación relativa a dichas normas y estándares y expedir el certificado correspondiente.
  • Cooperantes nacionales e internacionales: Son aquellas entidades tales como organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y entidades empresariales actuando desde su responsabilidad social empresarial, así como las agencias de cooperación internacional al desarrollo de países amigos y agencias de Organismos Internacionales, que prestan cooperación técnica o financiera en función de la demanda del sector público en materia de adopción de Normas Técnicas y Estándares Internacionales.

Artículo 3. Definiciones. Para efectos de la presente Ley, se entenderá:

a) Normalización:Es el proceso regulado en la Ley del Sistema Nacional de la Calidad que, a los efectos de la presente Ley para el sector púbico y en función de alcanzar una efectiva cultura de cumplimiento normativo, debe entenderse como un proceso que antecede al cumplimiento normativo (compliance) capaz de concatenar una Norma Técnica o Estándar Internacional con la observancia de una norma jurídica, a fin de facilitar el cumplimiento de las normas jurídicas con una carácter preventivo y de reducción de riesgos. Este proceso de normalización, productor de Normas Técnicas o Estándares Internacionales e incluso nacionales, ocurre con independencia de la creación de normas jurídicas, a través del proceso de negociación internacional del Estado de Guatemala frente a los entes multilaterales que las producen, así como a través del mecanismo de producción de Normas Técnicas Guatemaltecas previsto en la citada Ley.

b) Normas Técnicas y Estándares Internacionales: A los efectos de esta Ley, son las Normas o Estándares provenientes de un Organismo Internacional en las que el Estado de Guatemala ha sido parte en el proceso de negociación y aprobación y que contemplan parámetros para la mejora de la calidad de la gestión pública, cuya implementación permite mejorar el cumplimiento normativo de las leyes y disposiciones de observancia general que rigen en el sector público para la preservación de la integridad pública, la integridad, la probidad y la transparencia en la prestación de los servicios públicos. Las Normas Técnicas Nacionales también cumplirán dicho propósito.

c) Cumplimiento normativo (Compliance):El cumplimiento normativo constituye la respuesta a las necesidades de probidad, integridad pública y transparencia de la gestión administrativa, encaminada a cumplir con las expectativas legales previstas en las normas jurídicas en general y en las atingentes al sector público en particular. Por virtud del cumplimiento normativo se asegura el acatamiento del régimen de legalidad y se previene toda conducta ilícita en la que pudieren incurrir los servidores públicos. Se concreta a través de los sistemas de gestión que proceden de Normas Técnicas y Estándares Internacionales cuya finalidad última es la prevención, detección y sanción del incumplimiento a las leyes de la república para la preservación de la integridad pública, la transparencia y el combate a la corrupción.

d) Cumplimiento Normativo Penal (Compliance Penal):El cumplimiento normativo penal (Compliance Penal) es la concesión de una ventaja en la punición, como premio a aquellos servidores públicos que dentro del ejercicio de la función pública, no obstante la comprobada intención de prevenir y externar una diligencia debida en el cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad y de riesgos provenientes de Normas Técnicas o Estándares Internacionales adoptados en la Institución a la que sirvan, hubieren incurrido en un delito respecto del cual se les aplica la atenuación de la responsabilidad penal.

e) Certificación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales: Es el documento expedido a favor de una institución del sector público por una entidad certificadora de la calidad, tras haber implementado o auditado las Normas Técnicas y Estándares Internacionales en el seno de su administración.

f) Voluntariedad de implementación: Las instituciones del sector público se someterán voluntariamente a la implementación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales encaminada a instalar una cultura de cumplimiento normativo, en cuyo caso habrán de sujetarse a los parámetros obligatorios para su uso y a las demás disposiciones contenidas en ésta Ley. Serán responsables de la adquisición de dichas normas y estándares conforme a las reglas de comercialización de las mismas. 

g) Obligatoriedad de parámetros de uso: Es la obligación que tienen las instituciones del sector público de acatar los requisitos de uso de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales que por virtud de esta Ley se disponen, una vez hayan decidido someter su gestión pública a los estándares de mejoramiento de la calidad de la administración pública para instalar una cultura de cumplimiento normativo, quedando obligados a cumplir con las demás estipulaciones previstas en la presente Ley y demás leyes aplicables.

h) Independencia de manuales de procedimientos y directrices: Las instituciones del sector público podrán mantener la independencia de sus manuales internos de procedimientos provenientes de leyes, reglamentos, políticas públicas u otras directrices superiores. Sin embargo, podrán mejorar la calidad dichos manuales como producto de la implementación de Normas Técnicas o Estándares Internacionales y de los sistemas de gestión que con ocasión de estas normas se incorporen a la administración pública. 

Artículo 4.  Principios. La interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Ley deberán hacerse en forma armónica con sus principios rectores, con lo principios generales del Derecho y conforme los cánones que rigen la producción de Normas Técnicas y Estándares Internacionales en el ámbito multilateral, en el marco de la Constitución Política de la República. En la aplicación de la presente Ley se observarán además de los citados principios, los siguientes:

a) Probidad: Comprende el cumplimiento estricto de los preceptos constitucionales y legales para el ejercicio de la función administrativa con transparencia, con preeminencia del interés público sobre el privado y a través de una actuación honesta y leal en el ejercicio del cargo o empleo o prestación de un servicio. Corresponde a la probidad la incorporación de una estructura de incentivos que propenda a que en la administración pública ingresen, asciendan y permanezcan las personas más idóneas, mediante la valorización de su desempeño en un cargo o empleo público mediante el fortalecimiento del sistema de calificaciones, de remuneraciones y de reconocimientos.

b) Integridad pública:Es la promoción y ejercicio de los valores morales y éticos llevados al ejercicio de la función pública desde el deber cívico que todo ciudadano ostenta, a fin de dotar de la más alta calidad la puesta en práctica de los derechos inherentes a los usuarios en la prestación del servicio público con la prevalencia del interés público sobre los intereses particulares.

c) Transparencia:Consiste en asumir el ejercicio de la función pública orientado a la rendición de cuentas y a la promoción del libre acceso a la información de los registros y los datos relacionados a la decisiones administrativas y políticas, así como la difusión del manejo de los recursos públicos, encaminado a erradicar la opacidad institucional y a prevenir y combatir la corrupción.

d) Prevención de la corrupción: Los actos de la administración pública deben considerar los factores de riesgo y los factores de protección para mitigar las oportunidades de corrupción dentro de las instituciones del sector público, mediante acciones anticipatorias que alerten la posible comisión de actos lesivos al erario público y a la imagen reputacional de las instituciones del Estado.

e) Cultura de cumplimiento normativo:Es la conducta recurrente que las personas desplegan en la esfera pública y privada, motivada por la convicción de cumplir con probidad e integridad el absoluto sometimiento al orden normativo que provee el Estado constitucional de Derecho mediante la permanente observancia y respeto por el régimen de legalidad en donde nadie es superior a la ley porque todos la cumplen.

f) Certeza jurídica:Es el atributo de las instituciones del sector público fundado en la legalidad de los actos administrativos, que se expresa a través de una administración cierta, predecible y confiable porque sus servidores públicos desarrollan su función pública conforme a una cultura de cumplimiento normativo apegados al Estado constitucional de Derecho. 

g) Confianza institucional:Es la confianza de los usuarios hacia el sector público en su conjunto y a las instituciones del Estado en particular, debido a la satisfacción personal de los ciudadanos frente a la calidad de los servicios públicos recibidos, respaldados por el apego al mandato institucional que proviene del respeto al Estado de Derecho de parte de los servidores públicos.

h) No equiparación de normas: El hecho que el sector público adopte Normas Técnicas y Estándares Internacionales regulando parámetros para su uso de acuerdo con la presente Ley, no significa y no debe interpretarse en el sentido que el Congreso deba elevarlas a rango de normas jurídicas mediante la emisión de una ley. Así tampoco debe entenderse que cada vez que se incorpore a Guatemala una de estas normas o estándares deba emitirse un decreto, ya que las mismas mantienen su carácter voluntario, pero sujetas a los anteriores parámetros de observancia obligatoria.

i) Derecho Penal Premial: Es la previsión normativa a través de la cual el Estado fomenta actitudes diligentes y reivindicativas del servidor público en su compromiso con el cumplimiento normativo, otorgando un beneficio en la atenuación de la responsabilidad penal siempre que prevalezca la integridad de la administración pública como parte inherente del interés general del Estado.

CAPITULO II

OBLIGACIONES DEL ESTADO EN LA ADOPCIÓN DE LA CULTURA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Artículo 5. Definición de parámetros obligatorios de uso. Para los efectos de aplicación de esta Ley, los parámetros que deberán acatar las instituciones del Estado que voluntariamente sometan su administración a la implementación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales serán:

a) Las Normas Técnicas y Estándares Internacionales que sean utilizadas en el sector público, deben ser conocidas, negociadas y adoptadas por el Estado de Guatemala ante los entes internacionales o multilaterales en la forma que actualmente se realiza, a cuyo proceso debe incorporarse la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, y un Representante de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República. La Comisión Guatemalteca de Normas –COGUANOR- deberá facilitar la coordinación técnica de dichas instituciones para conocer las demandas y necesidades de la administración pública en materia de fortalecimiento de la gestión pública.

b) Los sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en ningún caso pueden ser implementados con miras a su certificación, por el propio Estado o por sus dependencias, debiendo mantener la lógica de auditoría privada externa que le da sentido a la implementación de dichos sistemas de gestión. Si bien el propio Estado puede usar dichas Normas Técnicas como coproductor al negociarlas internacionalmente, ese uso debe ser orientador, toda vez que las implementaciones en el seno de los órganos del Estado solo debe hacerse por entidades privadas externas y especializadas para calificar, acreditar y, en su caso, certificar los sistemas de gestión provenientes de dichas Normas Técnicas y Estándares Internacionales.

c) Debido a la dinámica y funcionamiento de la administración pública, la implementación y auditoría de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales se realizarán atendiendo a los siguientes criterios: i)  De acuerdo a los tiempos y modalidades que estuvieren estipulados en dichas Normas Técnicas; ii) Conforme a las necesidades de cada órgano público en particular, tomando en cuenta que su implementación puede ser en forma parcial o progresiva, en periodos no menores de seis meses; iii) Siempre podrá implementarse cuando asuma un nuevo Director o Superior Jerárquico, si así lo deseare, a fin de impulsar su plan estratégico; iv) Siempre podrán realizarse dentro del período de transición o una vez finalizado el mismo en que las nuevas autoridades inicien con su período de gobierno.

Cualquier Director de cualquier órgano administrativo del Estado está en libertad de contratar conforme la ley, la implementación de estos sistemas sin depender de un superior jerárquico, sujetándose a los tiempos de la periodicidad que defina la ley para el tipo de órgano administrativo que dirige; y, v) En cualquier tiempo, la cooperación internacional al desarrollo en forma técnica o financiera, podrá sufragar los gastos de contratación de entidades certificadoras para beneficio del fortalecimiento institucional.

d) Los resultados preliminares que puedan diagnosticarse durante los procesos de implementación de los sistemas de cumplimiento normativo (compliance) en las instituciones públicas no deben ser considerados causales de procedimientos sancionatorios laborales o incidir en la evaluación del desempeño, a menos que se evidencien, con notoriedad manifiesta, indicios de criminalidad que deban ser tratados conforme lo recomiende la Norma Técnica que se esté implementando o de acuerdo con los Manuales internos de procedimientos.

Las entidades privadas responsables de implementar estos sistemas deben gozar del derecho al secreto profesional y no estar sujetas a declarar como testigos en procesos judiciales por el mero hecho de haber implementado un sistema de gestión y de cumplimiento normativo.

e) Las entidades del sector público que sean certificadas bajo los Estándares Internacionales y Normas Técnicas que se traten, podrán promocionar sus buenas prácticas a través de informes periódicos, memorias de labores y órganos de comunicación social, así como disponer de dicha información en sus canales de acceso a la información pública. Queda prohibido al funcionario público o servidor público realizar propaganda personalista de dicho certificado en detrimento de la Institución, toda vez que el mismo se otorga en forma corporativa e institucional y persigue el fortalecimiento de la confianza institucional de los usuarios y la mejora de las capacidades técnicas de la prestación de los servicios públicos que está llamado a cumplir el órgano correspondiente.

f) La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, conforme al Registro al que se refiere el artículo 7, deberá desarrollar en forma progresiva, la planificación de la implementación de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales por cada uno de los órganos del sector público. Podrá recomendar a las entidades descentralizadas y autónomas la elaboración de una planificación coherente en función de las necesidades y las temáticas que convengan al Estado para la mejor articulación de las políticas públicas interinstitucionales, tomando en consideración que dichas entidades deben adecuar sus políticas a la política general del Estado de acuerdo con el ramo que se trate.

g) Para la armonización de aquellas Normas Técnicas y Estándares Internacionales cuya naturaleza es transversal a cualquier organización e institución pública, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- notificará sobre la importancia de que las mismas puedan ser implementadas en todas las instituciones del sector público, incluyendo a las entidades descentralizadas y autónomas.

Artículo 6. Entidades descentralizadas y autónomas. Las entidades descentralizadas y autónomas podrán adoptar Normas Técnicas y Estándares Internacionales de acuerdo con sus prioridades de gestión pública y podrán seguir las recomendaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  –SEGEPLAN- a fin de articular las políticas públicas sectoriales que correspondan.

Artículo 7. Ente coordinador. Corresponderá a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, llevar un registro actualizado de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales adoptados por las instituciones del sector público.

Artículo 8. Dictámenes. En sus dictámenes, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, deberá hacer mérito de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales con que cuentan las instituciones. A tal efecto, en el asunto que se dictamine, habrá de evidenciarse el nivel de competitividad de los órganos del Estado que han mostrado su compromiso con la cultura de cumplimiento normativo.

Artículo 9. Producción nacional de Normas Técnicas. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, coordinará junto con la Comisión Guatemalteca de Normas y apoyados por el Instituto Nacional de Administración Pública, el diseño, creación, producción y difusión de Normas Técnicas Nacionales en materia de gobernanza para el sector público a fin que las mismas sean consideradas por los órganos del Estado para su adopción conforme los parámetros señalados en el artículo 5.

CAPÍTULO III

ADOPCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL SECTOR PÚBLICO

Artículo 11.Pertinencia. Las instituciones del sector público adoptarán Normas Técnicas y Estándares Internacionales con criterio de pertinencia y con el propósito de mejorar la calidad de su gestión administrativa para el fortalecimiento institucional y la prestación de los servicios públicos orientada a la instalación de una cultura de cumplimiento normativo.

Artículo 12. Competencia. Los Directores, superiores jerárquicos u órganos colegiados de dirección podrán optar por la adopción de Normas Técnicas y Estándares Internacionales y decidir su implementación en el seno de la Institución. Para los efectos de elegir una Norma o Estándar, podrán recibir opiniones de cualquier servidor público de la Institución, así como promover talleres para el análisis de procesos y procedimientos administrativos encaminados a mejorar la administración pública. 

Artículo 13. Colaboración. Todos los empleados y funcionarios públicos quedan obligados a prestar su colaboración en la implementación de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales que apruebe el superior jerárquico. De igual manera, los servidores públicos deberán facilitar información que se requiera para el proceso de implementación de dichas normas y estándares. 

Artículo 14. Transferencia de conocimiento. Derivado de la implementación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales, las instituciones del sector público deberán incluir las buenas prácticas en los Manuales de Procedimientos para instalar capacidades técnicas y profesionales a fin de aportar eficiencia y eficacia a la gestión pública institucional.

Artículo 15. Formación y capacitación. Las instituciones del Estado a través de sus unidades de capacitación, incorporarán a su currícula formativa el conocimiento, comprensión y uso de las Normas Técnicas, Estándares Internacionales y Manuales de Procedimientos que hubieren sido implementados dentro de la Institución a fin que el personal contratado de nuevo ingreso reciba la inducción y capacitación correspondientes. Para tal efecto, podrán contratar a las entidades especializadas en capacitación bajo la modalidad de círculos de calidad y que se dediquen a la implementación y certificación de dichas normas y estándares.

CAPÍTULO IV

CERTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS NORMAS TÉCNICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Artículo 16. Certificado de Normas Técnicas y Estándares Internacionales. Las instituciones del sector público que aspiren a la certificación de Normas Técnicas y Estándares Internacionales, deberán proceder conforme los procedimientos establecidos en la Ley del Sistema Nacional de la Calidad en lo que fuere aplicable en cuanto a los requisitos de las entidades acreditadas para la emisión de certificados.

Artículo 17. Aviso al ente coordinador. Las Instituciones estatales que hayan sido certificadas en la implementación y uso de dichas normas y estándares, darán aviso por escrito y con copia del certificado correspondiente a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- para proceder a su registro.

Artículo 18. Valoración en el sector público y servicio civil. La experiencia de incorporar una Norma Técnica o Estándar Internacional deberá ser valorada positivamente dentro de la evaluación del desempeño de los servidores públicos. La Oficina Nacional de Servicio Civil llevará un registro de los servidores públicos que hayan acreditado ser parte de la implementación de dichas normas y estándares.

Artículo 19. Valoración frente a acreedores y cooperantes. Las entidades del sector público certificadas, deberán hacer valer las buenas prácticas incorporadas a su gestión pública por virtud de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales implementadas. A tal efecto, las entidades del sistema financiero formal y entidades de cooperación internacional al desarrollo y la Banca Multilateral que operan en el país deberán reconocer como una ventaja competitiva tales calidades adquiridas.

Artículo20. Acreditación del conocimiento certificado. El Instituto Nacional de Administración Pública –INAP- incorporará dentro de su Programa de Certificación del Conocimiento en Administración Pública, los Manuales de Procedimientos que sean afectados por la implementación de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia contribuirá en la sistematización del conocimiento en conjunto con dicho Instituto.

Artículo 21. Seguro a favor de la administración pública y responsabilidades civiles. Adicionalmente al pago obligatorio de las fianzas para determinados contratos de servicios con la administración pública, los servidores públicos y contratistas de servicios técnicos y profesionales podrán contratar con las aseguradoras debidamente acreditadas, un seguro de cobertura de responsabilidades civiles derivadas de la siniestralidad de una mala práctica en el ejercicio de la función pública con base en la condición de que la entidad pública cuente con los sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo vigentes.

Artículo 22. Indubio Pro Homine en el control gubernamental y juicio de cuentas. La Contraloría General de Cuentas de la Nación, en la práctica de sus respectivas auditorías y los tribunales de cuentas en su deliberación, deberán asignar una valoración positiva en el hecho que los funcionarios públicos acrediten que la mala práctica que haya dado lugar a un posible hallazgo o al juicio, respectivamente, se haya producido a pesar que el funcionario procedió con la debida diligencia en el marco del sistema de gestión de riesgo y cumplimiento normativo vigente en la Institución a consecuencia de haber sido implementado la Norma Técnica o Estándar correspondiente.  

Artículo 23. Atenuante de responsabilidad penal. Como parte del Derecho Penal Premial, habrá de atenuarse la responsabilidad penal en que incurran aquellos servidores públicos cuyas conductas demuestren el deber preventivo y anticipatorio de haber implementado sistemas de cumplimento debidamente actualizados conforme las Normas Técnicas y Estándares Internacionales y que el delito se produjo a pesar del empeño y compromiso con la integridad pública.

Artículo 24. Fiscalización. Corresponde al Congreso de la República, a través de la Comisión de Probidad y Transparencia, fiscalizar el cumplimiento de la presente ley por parte de las entidades del sector público a fin de verificar que las instituciones estatales cumplan con los parámetros obligatorios de uso de las Normas Técnicas y Estándares Internacionales encaminadas a la instalación de una cultura de cumplimiento normativo que repercuta en la transparencia, la integridad pública y la probidad.

CAPÍTULO V

REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

Artículo 25. Se reforma el artículo 8 del Decreto 78-2005 del Congreso de la República, Ley del Sistema Nacional de la Calidad, el cual queda así:

Artículo 8. Representantes de entidades del sector público y sectores productivos ante el Consejo. Para efectos de lo establecido en el artículo 7 de esta Ley, las entidades del sector púbico colaborarán con la COGUANOR designando a un representante. Asimismo, siempre que se traten asuntos en materia de gobernanza pública o Normas Técnicas atingentes a la mejora de la calidad de la gestión pública, además de las instituciones del sector público del ramo que se trate, participará el Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-, el Presidente de la Comisión de Probidad y Transparencia del Congreso de la República y el Gerente del Instituto Nacional de Administración Pública –INAP-, para lo cual el Presidente del Consejo Nacional de Normalización emitirá la convocatoria correspondiente. 

Artículo 26. Se reforma el artículo 20 del Decreto 78-2005 del Congreso de la República, Ley del Sistema Nacional de la Calidad, el cual queda así:

Artículo 20. Comités Técnicos de Normalización. Los Comités Técnicos de Normalización son organismos especializados colaboradores de la COGUANOR. Se integran con representantes de las ramas de producción, entidades del sector público, sectores académicos y tecnológicos y consumidores que manifiesten su interés en participar en la elaboración o revisión de la norma en cuestión. Cuando se trate la discusión de Normas Técnicas en materia de gobernanza pública o relacionadas con la calidad de la gestión pública, la COGUANOR convocará a la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN- y a las entidades públicas rectoras del ramo que corresponda.”

CAPÍTULO VI

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

Artículo 27. Se reforma la literal e) del artículo 20 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

“e) Establecer parámetros o estándares de aplicación general para la medición y análisis de los resultados de gestión de acuerdo con la naturaleza de las entidades sujetas a evaluación.

Para cuyo efecto, se tomarán en cuenta las Normas Técnicas y Estándares Internacionales en materia de cumplimiento normativo para el sector público de conformidad con la Ley de la materia y demás leyes aplicables;”

Artículo 28. Se adiciona un segundo párrafo al Artículo 38 del Decreto 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, el cual queda así:

“Será considerada igualmente una infracción toda acción u omisión que implique la violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal por parte de los sujetos mencionados en el párrafo anterior, pero su grado de responsabilidad disminuirá en caso que se haya demostrado el compromiso con el acatamiento de los sistemas de gestión de riesgos y prevención del delito provenientes de Normas Técnicas y Estándares Internacionales que hayan sido instalados en la entidad auditada y que revelen el compromiso por una cultura de cumplimiento normativo de parte del infractor y de la entidad púbica, en cuyo caso las sanciones establecidas en el artículo 39 de esta ley se reducirán en una tercera parte.” 

CAPÍTULO VII

REFORMAS A LA LEY DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Artículo 29.Se reforma el segundo párrafo del artículo 56 del Decreto 1126 del Congreso de la República, Ley del Tribunal de Cuentas, el cual queda así:

“La Contraloría, al remitir los mencionados expedientes, dictará la providencia correspondiente, con las observaciones del caso, debiendo hacer constar, cuando proceda, que el enjuiciado alegó en las audiencias respectivas haber procurado con la diligencia que recomiendan los sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento normativo instalados como producto de la adopción de Normas Técnicas y Estándares Internacionales en la entidad auditada, a fin que el Tribunal lo tenga presente en su deliberación.”

CAPÍTULO VIII

REFORMAS A LA LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA

Artículo 30. Se adiciona la literal c) al artículo 3 del Decreto 25-2010 del Congreso de la República, Ley de la Actividad Aseguradora, el cual queda así:

“c) Seguro de la función pública: Son aquellos que, de conformidad con las condiciones pactadas, obligan a la aseguradora al pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios por las responsabilidades civiles en que pudiere incurrir un servidor público en el ejercicio de su cargo en contra de la administración pública, siempre que se compruebe la vigencia de un sistema de gestión de riesgos y prevención del delito en la institución a la que sirva como parte de la cultura de cumplimiento normativo en el que el asegurado haya demostrado una debida diligencia.”

CAPÍTULO IX

REFORMAS A LA LEY DE PROBIDAD Y RESPONSABILIDADES DE FUNCIONARIOS Y EMPELADOS PÚBLICOS

Artículo 31. Se reforma el artículo 9 del Decreto 89-2002 del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, el cual queda así:

“Artículo 9. Responsabilidad civil. Genera responsabilidad civil la acción u omisión que con intención o por negligencia, imprudencia, impericia o abuso de poder se cometa en perjuicio y daño del patrimonio público, independiente de la responsabilidad penal que se genere. Los daños y perjuicios provenientes de la responsabilidad civil se harán efectivos con arreglo al Código Civil y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia, salvo que la acción civil se decida dentro de la acción penal en forma conjunta. Los funcionarios y empleados públicos podrán asegurar las responsabilidades civiles en que incurrieren a través de un seguro de la función pública de conformidad con la ley de la materia.”

Artículo 32. Se reforma el artículo 10 del Decreto 89-2002  del Congreso de la República, Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, el cual queda así:

“Artículo 10. Responsabilidad penal. Genera responsabilidad penal la decisión, resolución, acción u omisión realizada por las personas a que se refiere el artículo 4 de esta ley y que, de conformidad con la ley penal vigente, constituyan delitos o faltas. No obstante, en materia de cumplimiento normativo penal, se admitirá la atenuante de responsabilidad penal de acuerdo con lo que prescriba el Código Penal.”

CAPÍTULO X

REFORMAS AL CÓDIGO PENAL

Artículo 33. Se reforma el numeral 4º del artículo 26 del Decreto 17-73  del Congreso de la República, Código Penal, el cual queda así:

Arrepentimiento eficaz 4º. Si el delincuente ha procurado, con celo, reparar el daño causado o impedir sus ulteriores perniciosas consecuencias. Así como en los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública cuando se haya procurado una diligente observancia de los sistemas de gestión de cumplimiento normativo encaminados a prevenir la corrupción y delitos conexos que revelen en el agente la intención de preservar la integridad pública del Estado. 

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