Entrevista a: Delia Ferreira / Presidenta de Transparencia Internacional

Fuente: Vive Compliance Magazine

VC: ¿Cómo definiría la corrupción?

En Transparencia Internacional, definimos la corrupción como el abuso del poder encomendado en beneficio personal, esto incluye tanto al sector público como el privado y cualqueir forma de abuso de ese poder, es decir, su ejercicio sin respetar los límites y la finalidad para la que ha sido concedido.

El beneficio personal es un elemento central en la definición de corrupción e incluye no sólo la ventaja personal directa, sino también la que se obtiene para los familiares, amigos y seguidores, así como -en el caso del gobierno- para el propio partido político. Ese beneficio puede ser económico o de otro tipo.

VC: ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a la empresa privada en la crisis de confianza de parte de la ciudadana en la institucionalidad?

La crisis de confianza no afecta sólo a las instituciones políticas. En muchos países también es débil la confianza en el sector privado. Más aún, si revisamos las cifras del Latinobarómetro la confianza interpersonal, la confianza en nuestros vecinos y conciudadanos es muy baja también. Restaurar la confianza social es central y para ello es necesario reconstruir los consensos éticos básicos. Son esos consensos los que están quebrados en muchos países.

No está claro qué está bien y qué está mal. La verdad ha sido reemplazada por la “posverdad”; la integridad, por la conveniencia; la información, por la desinformación. Restaurar la confianza, es por lo tanto, un desafío colectivo en que ningún sector puede estar ausente.

VC: ¿Cuál es, a su juicio, el papel o postura que deben asumir los movimientos civiles/ciudadanos, frente a la corrupción?

Los ciudadanos tienen que primero darse cuenta de que son las víctimas de la corrupción y por lo tanto la corrupción y sus efectos no les son ajenas. Participar, monitorear, exigir información son tareas centrales y, por supuesto, no votar ni apoyar corruptos. Corrupción y pandemia “El continente Americano es una de las regiones más afectadas por la crisis de la COVID-19.”

VC: La historia nos ha enseñado que en las grandes catástrofes de la humanidad el aumento de la delincuencia es inherente a la crisis. ¿Cree que esa sea la causa del incremento de la corrupción, tipologías del lavado de activos y demás delitos emergentes en la pandemia?

En las crisis aumentan los riesgos de corrupción porque la emergencia requiere soluciones urgentes y los controles normales se saltean o relajan. El miedo de la sociedad frente al enemigo común aumenta la aceptación y tolerancia de la población frente a los abusos.

VC: Se han presentado casos de corrupción en la mayoría de los países de América Latina en esta pandemia, lo que ratifica que es un problema sistémico, del cual es difícil salir porque ha cristalizado un círculo vicioso difícil de romper.¿Es un factor cultural el responsable en la región?

La mayoría de los países de la región -con excepción de Uruguay y Chile- registran altos niveles de corrupción. Hay diversos factores que contribuyen a esa situación entre los que destaca la impunidad, la falta de una respuesta institucional y social frente a los casos de corrupción.

La corrupción no se corrige sólo con leyes y creación de agencias y organismos; es necesario aplicar efectivamente esas normas, tener controles efectivos y un poder judicial independiente, con los recursos necesarios y la competencia jurídica adecuada para investigar y sancionar en tiempo oportuno.

VC: Según el último informe de Transparencia Internacional (2020), la pandemia agravó la corrupción en el mundo, evidenciando enormes grietas en los sistemas sanitarios y en las instituciones democráticas, ¿cuál es la dirección acertada frente a este panorama?

El Índice de Percepción de Corrupción a nivel global muestra un estancamiento en el panorama de corrupción en el sector público de los países. Elevar los niveles de transparencia e integridad requiere un gran esfuerzo en la implementación y puesta en acción de las normas, para prevenir, detectar y sancionar los casos de corrupción. Como ya señalamos las investigaciones de Transparencia Internacional muestran una correlación estadísticamente significativa entre la transparencia y la calidad institucional y el respeto de los principios democráticos. A mayor corrupción, más debilidad de las instituciones democráticas y menos respeto del Estado de Derecho.

VC: ¿Cómo el abuso de poder impacta en la vida de los más vulnerables? y ¿cómo se aplica en estos tiempos de pandemia?

Las investigaciones de Transparencia Internacional muestran una clara correlación entre los altos niveles de corrupción, la pobreza y la falta de desarrollo. En el caso de la pandemia, esta relación es muy clara. Los servicios de salud son más débiles y están menos equipados para hacer frente a la pandemia en los países afectados por la corrupción. El dinero que se pierde en corrupción es el que falta en salud, educación, infraestructura, servicios públicos, seguridad, etc.

¿Fue peor el remedio que la enfermedad?

VC: En tiempos normales, los Estados mantienen sistemas de contrataciones públicas en los que deben cumplirse una serie de requisitos para su asignación y a pesar de ello, es en donde más se presentan casos de corrupción. En esta crisis en la que se ha optado por la contratación directa, sin el cumplimiento de muchos requisitos, se ha utilizado para favorecer a sus amigos, familiares, etc., ¿fue peor el remedio que la enfermedad?

Advertimos al inicio de la pandemia los riesgos de corrupción que se presentarían. La realidad confirmó el diagnóstico. En muchos países se ha comprobado el mismo tipo de casos de corrupción, en particular en las contratacionesCOVID, con sobreprecios, conflictos de interés, falta de la debida diligencia en cuanto a los proveedores, pago por adelantado y falta de cumplimiento de los contratos y la imposibilidad de recupera los fondos, entre otros supuestos.

VC: En junio de 2020, la ONU inauguró el “Observatorio Regional de Medicamentos” usados para el tratamiento de la COVID-19, ¿cree que este tipo de herramientas deberían ampliarse a otras áreas para fijar los precios y frenar los abusos?

Los observatorios de este tipo son útiles en la medida en que los datos con que cuentan sean adecuados y estén actualizados. En el caso de los contratos relacionados con las vacunas-COVID, por ejemplo, el problema es la confidencialidad que se ha aplicado a esos contratos lo que hace muy difícil conocer qué se ha comprado, a qué precio y sujeto a qué condiciones. En muchos casos sólo se conocen los anuncios de los gobiernos, pero eso no alcanza para monitorear el uso de los recursos públicos.

VC: ¿Qué opinión tiene usted de los acuerdos de confidencialidad sobre los contratos de venta de las vacunas que las farmacéuticas han exigido a los gobiernos? Por ejemplo, el gobierno de Colombia antes de las llegadas de las vacunas reconoció que no podía ofrecer un cronograma claro de vacunación debido a la confidencialidad acordada.

Nada justifica esa confidencialidad, se trata de la compra de elementos para la salud pública solventada con fondos públicos. Lo único que podría estar amparado por la confidencialidad son los detalles de la fórmula o patente del producto. Pero esos datos no figuran en estos contratos. La opacidad sólo aumenta los riesgos y las sospechas de corrupción o mal manejo de los fondos públicos, dando espacio para la discrecionalidad y el mal uso de los recursos públicos.

VC: En la mayoría de los países de Latinoamérica se ha decretado el Estado de Emergencia, sin activar los mecanismos de control de los demás poderes del Estado; sin acceso a información pública; los sistemas judiciales también han entrado en cuarentena, etc. ¿Deberían estos servicios ser calificados como prioritarios y no permitir su cierre?

Sin duda alguna, los mecanismos de control y la Justicia son servicios esenciales. En muchos países los gobiernos no sólo pusieron en cuarentena a la población, también pusieron en cuarentena los mecanismos de control e información. La emergencia no es un cheque en blanco. Las medidas de emergencia deben respetar el Estado de Derecho, ser limitadas en el tiempo, no pueden ser discriminatorias ni afectar derechos fundamentales, deben ser transparentes, proporcionales y razonables según el objetivo perseguido y siempre están sujetas a control jurisdiccional. Algunos gobiernos usaron la emergencia, como excusa para abusar del poder.

VC: ¿Qué opinión tiene usted de los acuerdos de confidencialidad sobre los contratos de venta de las vacunas que las farmacéuticas han exigido a los gobiernos? Por ejemplo, el gobierno de Colombia antes de las llegadas de las vacunas reconoció que no podía ofrecer un cronograma claro de vacunación debido a la confidencialidad acordada.

Nada justifica esa confidencialidad, se trata de la compra de elementos para la salud pública solventada con fondos públicos. Lo único que podría estar amparado por la confidencialidad son los detalles de la fórmula o patente del producto. Pero esos datos no figuran en estos contratos. La opacidad sólo aumenta los riesgos y las sospechas de corrupción o mal manejo de los fondos públicos, dando espacio para la discrecionalidad y el mal uso de los recursos públicos.

VC: En la mayoría de los países de Latinoamérica se ha decretado el Estado de Emergencia, sin activar los mecanismos de control de los demás poderes del Estado; sin acceso a información pública; los sistemas judiciales también han entrado en cuarentena, etc. ¿Deberían estos servicios ser calificados como prioritarios y no permitir su cierre?

Sin duda alguna, los mecanismos de control y la Justicia son servicios esenciales. En muchos países los gobiernos no sólo pusieron en cuarentena a la población, también pusieron en cuarentena los mecanismos de control e información.

La emergencia no es un cheque en blanco. Las medidas de emergencia deben respetar el Estado de Derecho, ser limitadas en el tiempo, no pueden ser discriminatorias ni afectar derechos fundamentales, deben ser transparentes, proporcionales y razonables según el objetivo perseguido y siempre están sujetas a control jurisdiccional. Algunos gobiernos usaron la emergencia, como excusa para abusar del poder.

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