Por: Jorge Selman A.

Fuente: Vive Compliance Magazine

La Real Academia Española define el término corrupción como: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”; mientras que por otro lado, para ofrecer una ilustración estrictamente jurídica, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico la define como: “Comportamiento consistente en el soborno, ofrecimiento o promesa a otra persona queostenta cargos públicos, o a personas privadas, a los efectos de obtener ventajas o beneficios contrarios a la legalidad o que sean de naturaleza defraudatoria”.

Evidentemente que estas definiciones dejan fuera características propias de la figura y su materialización, que con el tiempo y nuevas prácticas se han ido incorporando al perfil. Al revisar el texto de la Convención Interamericana contra la Corrupción, adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en fecha 29 de marzo de 1996, se podría
inferir que tanto la doctrina como la legislación han dado un enfoque eminentemente público al tema, en razón de
la práctica más acentuada desde la esfera gubernamental; sin embargo, se trata de algo que trasciende a cualquier ámbito, público o privado, y que atañe a todos los que vivimos con sujeción al mandato de la Ley. Es por tanto que en consonancia con lo antes dicho, la Enciclopedia Británica, en su sección sobre Política, Ley y Gobierno, apartado sobre Ley, Crimen y Castigo, plantea que la corrupción existe donde hay indiferencia de la comunidad o ausencia o deficiencia en las políticas para la aplicación de las normas.

Resulta alarmante, sin dudas, la forma tan agresiva en que la corrupción, que se ha convertido en un fenómeno de presencia y trascendencia mundial con un despliegue epidémico, ha proliferado en gran parte de los países de Latinoamérica durante los últimos 10 años, realidad constatable en los distintos escándalos de los que hemos podido ser partícipes, gracias al alcance cada vez mayor de los medios de información así como de la omnipresente “Social Media” (Redes Sociales).

No nos sorprende que en la reciente publicación de Transparencia Internacional, en enero de 2021, el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) para el 2020, que hace una estimación, de acuerdo a determinadas variables, de los niveles de corrupción evidenciables en 180 países, coloca en la lista correspondiente a los “Más Corruptos” 2 a 16 de los 21 que conforman el bloque latinoamericano (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela), con lo cual se registra una preocupante tendencia al fenómeno que alcanza el 76,19% de la composición de la región.

Pareciera que la afirmación de Jean-Baptiste Henri Lacordaire: “El derecho viene a perecer menos veces por la violencia que por la corrupción”; se estuviera convirtiendo en pronóstico, ya que con el aumento progresivo de este mal que luce como un ejército en proceso de fortalecimiento, en complicidad con su fiel aliada la impunidad, se vulnera de forma significativa el Estado de Derecho y por tanto se deterioran la institucionalidad y el orden público.

En el caso de República Dominicana, son de gravedad notoria los casos de corrupción que han estado orbitando durante los últimos años, y de manera especial aquellos que se han ventilado en sede judicial durante los últimos 6 meses, al tenor de los cuales surge el temor colectivo de que las deficiencias de nuestro sistema impidan que se logren los resultados esperados. Esta teoría encuentra respaldo en la puntuación de 28 que obtuvo en el IPC, lo que lo coloca como uno de los países con mayores niveles de corrupción para ocupar el lugar No.137 junto con Birmania, Guinea, Liberia y Paraguay.

A pesar de que la Constitución Dominicana destina su Artículo 146 a la Proscripción de la Corrupción; que tenemos un Código Penal, relativamente nuevo, que en su desarrollo aborda este tema, dando mayor preponderancia a la figura de la prevaricación; una Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo que procura eliminar canales de distracción y legitimación, y una Ley sobre el Soborno en el Comercio y la Inversión, entre otras piezas de igual rango, así como Reglamentos y disposiciones complementarias; que somos signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción; en adición a que contamos con órganos estatales especializados, destinados a la supervisión y la persecución de este fenómeno, y por igual organizaciones independientes como el caso de Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que velan por la erradicación de la corrupción y el fortalecimiento institucional, entre otras cosas; no obstante parecería que estamos perdiendo la batalla.

Es innegable que la impunidad, robustecida por la falta de voluntad política, las carencias de algunos textos legales y la debilidad en nuestros sistemas de cumplimiento son los ingredientes que han permitido el engrosamiento del cáncer de la corrupción en Latinoamérica, razón por la cual entendemos que los 3 ejes sobre los cuales se debe montar una agenda regional de lucha contra la corrupción son los siguientes:

1) Marco Regulatorio Idóneo: Volviendo a los orígenes prístinos del derecho, recordamos el Principio de Legalidad, cuya concepción se remonta al Código de Hammurabi (año 1700 AC), con presencia en el Derecho Romano en la Ley de las Doce Tablas y el Corpus Iuris de Justiniano, tomando luego fuerza en la Inglaterra de Juan Sin Tierra en su Constitución de 1215, para luego ser adoptado por el Derecho Francés en la Declaración de los Derechos Humanos (1789); principio consagrado mediante aquella frase en latín que dice lo siguiente: “Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege (Ningún Delito, Ninguna Pena Sin Ley Previa)”; ya que no puede perseguirse ningún comportamiento humano que lesione el bien común o el particular, sin que se definan los límites de ese comportamiento y las herramientas para prevenirlo y castigarlo. Es necesario que los distintos Estados azotados por la corrupción prestigien el ejercicio legislativo y por derivación el normativo, frecuentemente subutilizados o empleados como trajes a la medida de intereses particulares, para generar piezas regulatorias autosuficientes y fuertes, mediante revisiones y adecuaciones periódicas a la velocidad que la realidad requiera.

2) Cumplimiento (Compliance): El término cumplimiento proviene del latín “complementum” que significa acción o resultado de completar o terminar lo debido. Desde un enfoque conceptual y por interpretación del Principio de Legalidad, cumplimiento es la obligación que emana de manera natural de la creación de las reglas en una sociedad de hacer lo que las mismas ordenan, y que recae sobre aquellos a quienes de manera general o específica van dirigidas. Ahora bien, desde un enfoque práctico hablamos de todo un sistema destinado a lograr que tales reglas sean cumplidas, por un lado mediante la concientización de los sujetos obligados respecto de la importancia y bondades de cumplir y la definición de los controles internos para poder cumplir, y por otro lado el establecimiento de un mecanismo funcional y efectivo de supervisión del poder público, que permita de manera permanente constatar el comportamiento de los sujetos obligados. No basta solo con legislar y normar para tener piezas fuertes, claras y actualizadas, sino que debe lograrse un empoderamiento firme a ambos lados del sistema de cumplimiento.

3) Régimen de Consecuencias: La garantía más sólida para que el sistema de cumplimiento funcione adecuadamente, y por tanto lograr sofocar el fenómeno de la corrupción, es que exista un esquema efectivo de aplicación de sanciones, que fije el precio de las conductas fuera del marco regulatorio. Esto no se limita a aquellos a quienes quedan identificados como sujetos obligados, sino que se extiende por igual a quien debe supervisar y perseguir, funciones que por sí comportan obligatorio cumplimiento también. Indiscutiblemente cuando incumplir no tiene consecuencias dolorosas, cumplir nunca será más atractivo.

Para esto se necesita voluntad política, un poder judicial empoderado, imparcial y comprometido a ejercer sus funciones de manera inquebrantable, órganos supervisores con independencia para accionar, y cualquier iniciativa que el poder público pueda poner en marcha para lograr la erradicación de la impunidad y elevar los niveles de institucionalidad.

El mundo inicia su trayecto hacia una recuperación socio-económica, luego del impacto de una Pandemia por COVID-19 que todavía muestra signos de fortaleza y que ha dejado secuelas notables. Los Estados deben procurar niveles apropiados de eficientización de sus recursos, tomando en consideración el descenso pronunciado de las actividades productivas durante el último año, en adición a otras variables macroeconómicas que han provocado un escenario de recesión, y por tanto estar alerta y prevenir cuadros oportunistas estacionales de corrupción a cualquier escala con propósitos de distraer fondos.

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