Autor: Javier Puyol

En el examen de esta introducción a algunos de los principales aspectos sobre la
corrupción, debe tenerse presente que, si bien la misma ha sido tradicionalmente
un tema de interés para diferentes disciplinas es fundamentalmente desde
la década de los ochenta, probablemente el fenómeno que ha recibido una mayor
atención sin precedentes. Desde entonces, se ha producido una extensa literatura sobre
diferentes aspectos de la corrupción, que utilizan diversas herramientas analíticas,
analizando de manera fundamental su definición y las métricas que deben determinar
su alcance, así como sus causas, sus consecuencias, y, las posibles soluciones para
poder solventar de una manera efectiva la producción de este fenómeno.

La corrupción se suele definir como el abuso de una posición de confianza para
la obtención de un beneficio deshonesto la palabra corrupción sugiere que esas
conductas, aunque sean aparentemente inocuas, acaban destruyendo los principios
por los que se rige una sociedad, con efectos muy perniciosos, del mismo modo que
la corrupción de un ser vivo es prueba de su decadencia y muerte. Más en concreto, la
corrupción es la acción y efecto de dar o recibir algo de valor para que alguien haga o
deje de hacer algo, burlando una regla formal o implícita acerca de lo que debe hacer
coma en beneficio del que da ese algo de valor a un tercero.


De las diferentes propuestas, la clasificación que podría llamarse “tradicional” y que
se ha convertido en parámetro conceptual para un gran número de teórico, es la
presentada en el capítulo introductorio del libro “Political Corruption: Readings in
Comparative Analysis” donde su autor, Heidenheimer (1970), habla de tres tipos de
definiciones:

1) Definiciones centradas en el ‘oficio público’ (public office):
Estas definiciones califican como acciones corruptas a aquellas en que un funcionario
público desvía sus obligaciones normales en busca de una ganancia (monetaria o no),
que lo favorece a él o alguna persona allegada. A este grupo pertenecen, por ejemplo,
las definiciones dadas por Nye (1967), Bayley y Nye (1970) y por Scott (1972).
2) Definiciones centradas en el mercado:
Son aquellas que centran la esencia de la corrupción en un tipo de conducta que sigue
la lógica del mercado; estas definiciones hacen énfasis en la existencia de un mercado
(ya que existen oferentes y demandantes) y la decisión racional de unos y otros de
involucrarse en prácticas corruptas porque de esta manera maximizan su utilidad.
3) Definiciones centradas en el interés público:
Según Heidenheimer (1970), este tipo de definiciones son para algunos un punto
medio entre aquellas enmarcadas en, teniendo presente que las centradas en el
llamado “oficio público” son demasiado “cerradas”, y las pertenecientes al concepto
de mercado, por el contrario, son consideradas excesivamente abiertas. De esta
manera, las definiciones que apelan al interés público permiten dar cabida a aspectos
importantes del fenómeno, como pueden ser la noción de lo público, el poder y el daño
a los sistemas públicos de la sociedad, sin abrir demasiado los límites conceptuales
del término. Entre este grupo se encuentran las definiciones de autores como Rogow
y Lasswell (1963) y Friedrich (1966), para quienes un acto es corrupto si atenta contra
el interés público -esto es, si favorece intereses privados sobre intereses particulares,
afectando los “sistemas públicos o civiles”.

Hoy en día, tal como señala la Interpol, los efectos de la corrupción tienen un gran alcance: pueden socavar la estabilidad política, social y económica, y en última instancia, amenazar la seguridad de la sociedad en su conjunto. La corrupción crea un terreno fértil para las actividades de la delincuencia organizada, incluso el terrorismo, pues los delincuentes se ven ayudados en sus actividades ilícitas por la complicidad de funcionarios públicos corruptos. La mundialización de la economía ha hecho de la corrupción un delito sin fronteras. El mundo competitivo de los negocios internacionales puede dejar a las empresas expuestas a sobornos y prácticas financieras fraudulentas. Las transacciones corruptas pueden traspasar múltiples jurisdicciones, haciendo que la consiguiente investigación policial sea prolongada y compleja.
Por ello, casi todas las definiciones de corrupción política enfatizan en la subversión del bien público por intereses privados. Entre las más famosas se encuentra una propuesta por Joseph Nye, que la define como un comportamiento que se desvía de los deberes formales de una función pública debido a consideraciones privadas (personales, familiares, de camarillas privadas), pecuniarias o de ganancias estatales; o que viola las reglas que rigen el ejercicio de ciertos tipos de influencia de motivaciones privadas. Del mismo modo, Carl Friedrich señala que, la corrupción es un tipo de comportamiento
que se desvía de la norma que realmente predomina o que se cree que predomina en determinado contexto, como el político. Es un comportamiento desviado asociado con una motivación particular, a saber, aquella de la ganancia privada a expensas públicas. Pero si esta fuera la motivación o no, el hecho relevante es que la ganancia privada sea asegurada a expensas del público.
La ganancia privada puede ser monetaria, inclusive en el entendimiento del público en general usualmente lo es, pero puede revestir otras formas.
En todo acto de corrupción constituye un elemento inmanente al mismo, la existencia de violación de normas ya tenga la misma un carácter formal o informal, determina de forma mayoritaria un beneficio de los particulares en detrimento del orden social, que siempre
conlleva una transgresión de carácter ético, orientada a
la consecución de fines claramente diferenciados, entre
los que cabe mencionar los siguientes:
a) La obtención desleal de ventajas o beneficios, ya
tengan los mismos carácter económico o no económico.
b) El abuso de poder o de autoridad
c) O, el abuso de confianza
Derivado del alcance del concepto de corrupción, se
pueden destacar algunos criterios comunes a la misma,
y que son los que se indican a continuación:
a) En la corrupción siempre se parte de la existencia
de una acción o una omisión, incluyendo el intento o
promesa de llevarla a cabo, por ejemplo, la realización
de una denuncia, así como el efecto de esa acción, como
puede ser la realización de un pago, y la existencia de la
conducta habitual de la persona corrupta.
b) Asimismo, incluye a ambas partes de la transacción,
es decir: dar, ofrecer o prometer y recibir o solicitar.
c) Aquello de lo que se da o pide puede ser materializado
en: dinero, bienes, un empleo, o, por ejemplo, la promesa
de obtener alguno de ellos.
d) La acción se lleva a cabo para que alguien dentro
del ámbito del sector público, bien sea un político, un
funcionario, o un juez, etc. o perteneciente a la actividad
privada – por ejemplo, un directivo o un empleado- haga
o deje de hacer una acción o una misión, incluyéndose
en ellas, la posible inducción, o/y el mandato a tercero.
e) La corrupción es un delito o una infracción que implica
la violación de alguna obligación por parte de un sujeto
decisor. Si se acepta que las obligaciones son deberes
adquiridos por la aceptación expresa o tácita de una
determinada posición, la corrupción implica siempre un
acto de deslealtad hacia el sistema normativo.
Consecuentemente con ello, la corrupción siempre se
produce burlando una regla de obligado cumplimiento,

ya revista ésta el carácter de una ley, de un contrato, de
una costumbre, o de un código de carácter profesional,
de acuerdo con la cual, el que lleva a cabo la realización
de la acción, debería actuar de acuerdo con los intereses
propios de la institución a la que pertenece, o, con la cual
se encuentra unido por cualquier clase de vínculo. Es decir,
en este caso estamos en presencia de sistemas normativos
religiosos, jurídicos, políticos, económicos, o cualquier otro
de naturaleza análoga.
f) El actor o actores, en consonancia con lo expresado, no
está limitado a un campo de actividad específica, y lo que
lo caracteriza de una manera más determinante, es su
competencia para tomar decisiones, sobre la base de la
posición que ocupa en el sistema normativo, o del papel
social que el mismo desempeña.
Los deberes posicionales son aquellos que se adquieren
cuando se acepta asumir dentro del sistema normativo, y
deben ser distinguidos de los llamados deberes naturales,
es decir aquellos que sirven para todos los individuos.
g) El acto o actividad corrupta requiere, además del
decisor, la intervención de una o más personas.
Al hilo con ello, un acto de corrupción puede considerarse
como un hecho de naturaleza participativa, en la que una
de las partes trata de influir el comportamiento de la otra
por medio de promesas, de amenazas o de prestaciones
prohibidas por el sistema normativo.
h) El objetivo que persigue este tipo de influencia es la
obtención de un beneficio o una ganancia para las partes
que participan en la acción corrupta. Estos beneficios
son casi siempre de índole económica, pero no excluye la
posibilidad de otro tipo de gratificación no evaluable en
dinero.
i) Puede ser en beneficio del que paga o de un tercero, ya
sea este un familiar, un partido político, una empresa, o
cualquier otra persona física o jurídicas con vínculos de
análoga naturaleza.
j) Y, por razones obvias, suele llevarse a cabo su desarrollo
siempre en secreto.
Estos hechos, cuando se proyectan de manera específica
sobre el sector público1
, representan, con un carácter
de general, la realización de las siguientes conductas o
acciones, y qué de manera sintética, son las que se citan
a continuación:
a) El requerimiento o la aceptación por parte de un
funcionario público de dádivas, favores, promesas o
ventajas a cambio de la realización u omisión de cualquier
acto en el ejercicio de sus funciones.
b) El ofrecimiento u otorgamiento –en forma directa o
indirecta– a un funcionario público, de cualquier dádiva,
favor, promesa o ventaja a cambio de la realización u
c) Un funcionario de cualquier acto u omisión en el
ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente
beneficios para sí o un tercero.
d) El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes
provenientes de cualquiera de los actos mencionados en
el artículo.
1 Definición de Función Pública: Debe ser considerada de acuerdo con el Artículo 1 de la Convención Iberoamericana sobre la Corrupción, como “toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
Citado por Gilli Juan José. Obra citada.
e) La participación como autor, coautor, instigador,
cómplice o encubridor o en cualquier forma de asociación
o confabulación para la comisión de cualquiera de los
actos a los que refiere el artículo.
Desde el punto omisión de cualquier acto en el ejercicio
de sus funciones.
Desde la perspectiva estrictamente jurídico penal, se
pueden catalogar las conductas delictivas vinculadas a
la corrupción de la forma que se citan seguidamente:
a) Soborno: Ofrecimiento de una recompensa a un agente
público para influir sobre sus decisiones a favor del
otorgante.
b) Extorsión: Amenaza de una medida lesiva por parte
del agente público al ciudadano, si éste no realiza una
contraprestación a favor del agente.
c) Arreglos: Pacto recíproco entre el agente público y el
ciudadano, de forma que una decisión oficial favorezca al
privado a cambio de una recompensa para el agente.
d) Alteraciones fraudulentas del mercado: El agente
público introduce externalidades en el mercado de bienes
que afectan su valor, con la finalidad de un beneficio para
sí o un tercero.
e) Malversación y fraudes: Uso de fondos públicos o de
posiciones oficiales para fines distintos de los previstos en
las normas.
f) Parcialidad: Discriminación deliberada en la
formulación y la aplicación de leyes (normas ad hoc) o
en la prestación de servicios o en la provisión de cargos
(favoritismo y clientelismo).
g) Colusión privada: Cuando ciertos agentes económicos
se ponen de acuerdo entre sí para fijar el monto de un
contrato de aprovisionamiento o concesión pública.
h) Uso de información privilegiada: Cuando quien por su
función tiene acceso a la misma y la utiliza para la toma
de decisiones privadas para beneficio propio o de terceros.
Como conclusión de estas figuras delictivas se hace
necesario analizar cuáles son las principales causas
que favorecen la corrupción, determinándose por la
doctrina, como causas propiciatorias las siguientes:
a) La disfuncionalidad de algunas instituciones sociales
que se da en determinados momentos históricos de
transformación o transición, de crisis o extremadamente
conflictivos.
b) Los momentos de bonanza y de rápidos enriquecimientos
también son propicios para el aumento de la corrupción
más allá de lo que la sociedad está dispuesta a admitir.
c) La corrupción suele extenderse cuando existe tanto una
excesiva reglamentación como una excesiva permisividad
de las instituciones. Aunque las normas son necesarias,
la burocratización contribuye tanto a la corrupción como
la impunidad por falta de control. Podríamos agregar a
la lista: la falta de transparencia de la información, la no
rendición de cuentas, la impunidad, un sistema judicial
dependiente y la falta de participación ciudadana.

La corrupción, por tanto, constituye uno de los pilares sobre
los que se asienta el Compliance. Derivado de ello, debe
tenerse presente que el mayor compromiso ético que han
adoptado las empresas, especialmente multinacionales,
ligado al Cumplimiento normativo ha respondido, en gran
medida, a dos factores: la autorregulación coaccionada
derivada de la tipificación delictiva para las personas
morales o jurídicas, y los estímulos provenientes de la
contratación pública y la sociedad civil, consistentes
básicamente en la obtención de mayor puntuación
ante licitaciones tanto públicas como privadas como
consecuencia directa de tener incorporado un sistema de
cumplimiento, con implicaciones jurídicas, económicas,
estructurales y reputacionales muy importantes para
todo tipo de empresas.
Sin embargo, hay que poner de relieve que la corrupción,
además de ser una cuestión por resolver para el conjunto
de la ciudadanía, está muy presente en las diversas
instituciones políticas. La cada vez mayor gravedad
de casos de corrupción y la manifiesta insuficiencia
de las medidas adoptadas hasta la fecha por parte de
la Administración Pública para atajarla, determina
la necesidad de incorporar a la misma dentro de los
planteamientos de Compliance, en los mismos términos
en los que se contemplan para todo tipo de empresas y de
organizaciones con relación a la responsabilidad penal de
las personas jurídicas.
Por ello, y precisamente, para evitar la realización de estos
actos de corrupción, se hace preciso la adopción dentro
del seno de la Administración, de una serie de medidas
preventivas, destinadas a crear, mantener y fortalecer
las defensas frente a dichos actos de corrupción, entre
las que se suelen indicar las siguientes2
:
a) Las normas de conducta para el correcto, honorable y
adecuado cumplimiento de las funciones públicas.
Estas normas deberán estar orientadas a prevenir
conflictos de intereses y asegurar la preservación
y el uso adecuado de los recursos asignados a los
funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones.
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan
a los funcionarios públicos informar a las autoridades
competentes sobre los actos de corrupción en la función
pública de los que tengan conocimiento. Tales medidas
ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los
funcionarios públicos y en la gestión pública.
b) Los mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de
dichas normas de conducta.
c) Las instrucciones al personal de las entidades
públicas, que aseguren la adecuada comprensión de
sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus
actividades.
d) Los sistemas para la declaración de los ingresos, activos
y pasivos por parte de las personas que desempeñan
funciones públicas en los cargos que establezca la ley
y para la publicación de tales declaraciones cuando
corresponda.
e) Los sistemas para la contratación de funcionarios
públicos y para la adquisición de bienes y servicios por
parte del Estado, que aseguren de manera efectiva la
publicidad, la equidad y la eficiencia de tales sistemas.
f) Los Sistemas adecuados para la recaudación y el control
de los ingresos del Estado, que impidan la corrupción.
2 Vid. artículo III de la Convención Iberoamericana sobre la Corrupción.
g) Las leyes que eliminen los beneficios tributarios a
cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones
en violación de la legislación contra la corrupción de los
Estados Parte.
h) Los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y
ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos
de corrupción, incluyendo la protección de su identidad,
de conformidad con su Constitución y los principios
fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.
i) Los órganos de control superior, con el fin de desarrollar
mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar
y erradicar las prácticas corruptas.
j) Aquellas medidas que impidan el soborno de
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales
como mecanismos para asegurar que las sociedades
mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la
adquisición y enajenación de activos, y que establezcan
suficientes controles contables internos que permitan a su
personal detectar actos de corrupción.
k) Los mecanismos para estimular la participación de la
sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales
en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.
l) Y finalmente, el estudio de otras medidas de prevención
que tomen en cuenta la relación entre una remuneración
equitativa y la probidad en el servicio público.
Todo ello conduce a la conclusión consistente en que
los actos de corrupción responden, a la conducta de
quien ejerce una cierta función social sea esta pública o
privada, que implica determinadas obligaciones activas
o pasivas destinadas a satisfacer ciertos fines, y no
cumple con aquellas obligaciones o no las cumple de
forma de satisfacer esos fines, con el ánimo de obtener
un cierto beneficio para él o un tercero, así como también
la conducta del tercero que lo induce o se beneficia
con tal incumplimiento, donde la vinculación entre
los actores privados y los funcionarios políticos puede
derivar en distintas prácticas corruptas, conductas,
que, a su vez se ven favorecidas por la concurrencia
de factores sociopolíticos, económicos, jurídicos y
culturales propician la realización de este tipo de actos.

Fuente:


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