Por: Adolfo Lemus / Colaboración

Iniciativa de Ley 5820 para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.

¿Un delito eminentemente doloso?, ¿Comisión del delito con intencionalidad de omisión?, ¿Conductas de financiación sin acción terrorista? Si, así se proponen los cambios relacionados al delito de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, a través de la iniciativa que dispone aprobar la Ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo.

El delito de lavado de dinero u otros activos es eminentemente doloso, por lo que adicional al hecho de ejercer la condición legal obligada, debe existir una intención para llevar a cabo las acciones a sabiendas de ocultar el origen ilícito de bienes y/o recursos.

A su vez, la iniciativa propone modificar el tipo penal del delito de financiamiento del terrorismo en donde no será necesaria también la comisión de una acción terrorista, sino solo la ejecución de conductas típicas para financiar a terroristas individuales y a organizaciones o grupos terroristas, serán utilizadas para la comisión del delito.

En ese sentido, la iniciativa regula con la finalidad de prevenir, detectar y reprimir ambos delitos, a través de un régimen administrativo preventivo que todas las personas obligadas y autoridades competentes deben observar en virtud de dar cumplimiento a los 133 artículos efectivos.

Atendiendo a la figura de “persona obligada”, la iniciativa considera la incorporación de personas individuales y/o jurídicas que se dedican a la comisión de actividades económicas cuya vulnerabilidad ha sido detectada por estándares y mejores prácticas a nivel nacional e internacional en la materia; entre ellas, las casas de empeño, personas individuales o jurídicas que se dediquen a la creación de personas o estructuras jurídicas, actuación por sí mismo o a través de terceros como director, miembro del consejo de administración o junta directiva, administrador único, secretario, apoderado o representante legal de personas jurídicas, con excepción de aquellos que sean exclusivamente mandatarios judiciales; también serán consideradas personas obligadas quienes provisionen de una dirección física, para que figure como domicilio fiscal, postal o sede de personas jurídicas o estructuras jurídicas, los proveedores de servicios de activos virtuales, los profesionales universitarios bajo condiciones establecidas en la iniciativa y los notarios cuando autoricen escrituras matrices que contengan actos o contratos relacionados con las actividades establecidas en los numerales i, ii, iii, v, vi y viii del numeral 2, artículo 3 de la iniciativa.

Relevante es hacer del conocimiento del lector que de entrar en vigencia la Ley y que usted realice alguna de las actividades mencionadas anteriormente; y, por consecuencia no haya solicitado inscripción ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dicho Ente Regulador derivado de sus funciones y atribuciones podrá requerir información para su inscripción dentro de la forma y plazo que la Intendencia determine. La Intendencia, mantiene su naturaleza como la Unidad de Inteligencia Financiera del país.

Como parte de las obligaciones y con la finalidad de ser instrumento por excelencia para la prevención y detección de lavado de dinero u otros activos; y, prevención y represión del financiamiento del terrorismo, el manual de prevención deberá ser acorde a la naturaleza y volumen de las actividades que realice la persona obligada y cuando se trate de un Grupo Financiero, éste podrá elaborar un manual de prevención unificado.

La iniciativa de Ley, a diferencia de otras leyes internacionales en la materia, mantiene la figura del Oficial de Cumplimiento como el funcionario y/o ejecutivo de alta gerencia o de similar naturaleza. A su vez; cuando se trate de un Grupo Financiero, podrá designar a un Oficial de Cumplimiento a nivel de grupo; y, cuando se trate de una persona obligada individual podrá ejercer las funciones del Oficial de Cumplimiento en forma personal sin necesidad de designar a un Oficial de Cumplimiento o Suplente.

En consecuencia, la iniciativa de Ley propone reformas al Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal; reformas al Decreto Número 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala, Ley contra la Delincuencia Organizada; reformas al Decreto Número 314 del Congreso de la República, Código de notariado; reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la República de Guatemala, Código de Comercio de Guatemala; reformas al Decreto Número 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley que regula los servicios de seguridad privada; y, reformas al Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley marco del sistema nacional de seguridad.

¡6 títulos, una labor! seis títulos de la cual se compone la iniciativa de Ley y una labor que juntos debemos ejercer para combatir el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo en nuestro país; y recuerde que, aunque parezca un hecho que no nos afectará, son bastantes las organizaciones criminales que buscan ingresar sus recursos ilícitos al sistema y en consecuencia usted y/o su empresa sin tener conocimiento pueden estar siendo utilizados en la comisión de ambos delitos trayendo como consecuencia, mala reputación, inclusión en listas internacionales, pérdida de negocios, sanciones penales, prisión, cierre de su empresa, extinción de dominio, entre otros.

Estimado lector, hoy le invito a contribuir con una labor de prevención, a hacer negocios responsables, a fomentar la competencia económica legítima, a desarrollar una gestión empresarial segura, a contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro país para que juntos hagamos de Guatemala un país que combate de forma ejemplar, los delitos de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo.

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